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ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD

El bien jurídico protegido en los delitos de atentado contra la autoridad  es la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas.

El delito de atentado requiere que el reo acometa a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los intimide gravemente, emplee fuerza contra ellos, o muestre resistencia  activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas (CP art.550).

Tienen el carácter de agentes de la autoridad los cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación

Por lo que se refiere a las conductas típicas, en este delito se describen cuatro modalidades: el acometimiento, el empleo de fuerza, la intimidación grave y, por último, la resistencia activa grave.

Acometimiento  significa ataque, agresión o violencia física. En consecuencia, cuando concurren ataques o agresiones mediante fuerza o violencia, los tribunales suelen calificarlos como constitutivos de acometimiento, aunque también existen resoluciones que subsumen tales hechos en la modalidad de empleo de fuerza. Así, la conducta consistente en empujar a un policía es subsumible tanto en los verbos típicos «acometer» como «emplear fuerza».

También la modalidad de resistencia activa grave es compatible con conductas consistentes en el ejercicio de fuerza física.

La pena prevista para castigar estas conductas es:
– de prisión de 2 a 4 años y multa de 3 a 6 meses cuando el atentado es contra autoridad; y
– de prisión de 1 a 3 años cuando es contra agentes  de la autoridad o contra funcionarios públicos;
– de prisión de 4 a 6 años y multa de 6 a 12 meses en los casos en los que la autoridad contra la que se atente sea miembro de entes gubernamentales, legislativos o judiciales.

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